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La semana pasada, Unity sorprendió a la comunidad de desarrolladores de videojuegos con el anuncio de un nuevo plan de precios que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Según este plan, los creadores que usen el motor Unity tendrían que pagar una tarifa por cada instalación de sus juegos en los dispositivos de los usuarios finales, una vez superados unos umbrales mínimos de ingresos e instalaciones. Esta tarifa variaría según el plan de suscripción de Unity que tuvieran contratado, y también según el país de origen de la instalación.

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​La reacción de los desarrolladores no se hizo esperar, y muchos expresaron su indignación y su rechazo a esta medida, que consideraban injusta, abusiva y contraria al espíritu original de Unity, que ofrecía una licencia libre de royalties para los creadores más pequeños. Algunos incluso amenazaron con abandonar el motor y buscar alternativas como Unreal Engine o Godot, que tienen modelos de negocio más favorables para los desarrolladores independientes.

​Ante la avalancha de críticas, Unity intentó aclarar su nueva política en una sesión de preguntas y respuestas, pero solo consiguió generar más confusión y malestar. La compañía afirmó que la tarifa por instalación se aplicaría también a los juegos ya publicados antes del 1 de enero de 2024, lo que supondría un cambio retroactivo en las condiciones de licencia. Además, reconoció que no tenía un sistema claro para auditar las instalaciones y los ingresos de los juegos afectados por la tarifa, y que confiaba en la buena fe y la honestidad de los desarrolladores.

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​Finalmente, el pasado sábado, Unity publicó un mensaje en X2 en el que pedía disculpas por la confusión y el malestar causados por su anuncio, y prometía hacer cambios en su política de precios. La compañía dijo que estaba escuchando a sus empleados, su comunidad, sus clientes y sus socios, y que compartiría una actualización en unos días. Sin embargo, no dio detalles sobre qué tipo de cambios estaba considerando ni cómo afectarían a los desarrolladores.

​El mensaje de Unity no ha calmado los ánimos de los desarrolladores, que siguen mostrando su escepticismo y su enfado con la compañía. Muchos consideran que se trata solo de una estrategia de relaciones públicas para intentar apaciguar la situación, y que Unity seguirá adelante con su plan de cobrar por instalación. Otros acusan a los directivos de Unity, incluido el CEO John Riccitiello, de haber vendido miles de acciones antes del anuncio, lo que podría indicar un uso indebido de información privilegiada.

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​Unity es uno de los motores más populares y utilizados para el desarrollo de videojuegos, especialmente entre los creadores independientes y los aficionados. Según la propia compañía, más del 50% de los juegos móviles, PC y consola se hacen con Unity. Además, el motor también se usa para otros sectores como la educación, la arquitectura o la realidad virtual. Por eso, cualquier cambio en las condiciones de uso de Unity tiene un gran impacto en la industria del videojuego y en la comunidad de creadores.

​Habrá que esperar a ver qué cambios introduce Unity en su política de precios, y si estos son suficientes para satisfacer a los desarrolladores y recuperar su confianza. Lo que está claro es que Unity ha cometido un grave error al comunicar su nuevo plan sin consultar previamente con su comunidad ni ofrecer una explicación clara y convincente. Esperemos que este episodio sirva para mejorar la transparencia y el diálogo entre Unity y los creadores que usan su motor.